Por Cecilia Ananías, con colaboración de Consuelo Herrera.
«¿Cómo alguien puede ser tan malo para querer privatizar y destruir algo así de bello?», son las palabras que inevitablemente se nos escapan contemplando el mar desde el Fundo Las Escaleras. El océano rompe en distintos tonos turqueza contra una pequeña bahía, que brilla pálida por las piedras de cuarzo reposando en su orilla. Sobre los cerros, el verde de olivillos, peumos, quillas y boldos; la vegetación nativa que ha logrado sobrevivir, a pesar de la agresiva expansión forestal e inmobiliaria.
Cuesta creer que un lugar así esté a tan solo 15 minutos en auto desde el gris de la ciudad. Toma su curioso nombre de las intricadas escaleras que bajan hasta la playa: un camino empinado y difícil para quienes no solemos vivir en el campo, pero que los y las habitantes del lugar suelen subir y bajar con gran destreza, muchas veces con kilos de algas al hombro.
Desde hace 60 años que varias familias mapuche viven en este lugar de manera respetuosa, en base a la recolección de productos marinos, la venta de tortillas, entre otros. Han tenido el cuidado de preservar su bosque nativo y no alterar los cursos de agua. Como resultado, aún pueden hallarse allí monitos del monte, orquídeas, zorros chilla y hasta la flor de la araña -la cual habita exclusivamente en este bosque-. Riqueza natural que llevó a que este territorio fuera declarado Santuario de la Naturaleza en 1976. ¿Pero de qué sirven los decretos, si se impone el contrato privado? ¿De qué sirve declararnos un país solidario y ecológico, si hoy estas familias están luchando para no ser desalojadas ni ver este lugar destruido?
Hace un par de meses, la Inmobiliaria Península Hualpén envió una solicitud de desalojo a las vecinas y vecinos del lugar, con amenaza de hacer uso de fuerza pública. No les importó que hubiera niñas y niños ni adultos mayores, ni sus casas y huertas, ni mucho menos su historia y conexión con aquella tierra: o se iban o tendrían problemas.
Fue a través de esta amenaza que descubrieron que, a pesar que aquel era su hogar hacía décadas por trato de palabra, el terreno había sido vendido al empresario Felipe Yaconi -representante legal del grupo inmobiliario- en 2010 sin notificarles. Desde entonces, este ha talado el bosque nativo del lugar y hasta instaló un cerco metálico en la entrada al fundo, impidiendo el paso del camión aljibe que les proveía de agua potable y cortando el acceso a visitantes que les compraban tortillas en su puesto.
Pero estas familias han decidido resistir y luchar, no solo por sus hogares, sino que también para defender al santuario. Hace dos días, presentaron un recurso de protección invocando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que impide el desalojo o desplazamiento forzoso de grupos indígenas sin previa consulta.
Además, sacaron un comunicado, haciendo “un llamado a todas las organizaciones: mapuche, obreras, feministas, estudiantiles, pesqueras, medio-ambientales, culturales, de pobladoras y pobladores, etc., a fortalecer las alianzas y radicalizar la resistencia por la defensa de los territorios. Hoy es el desalojo del fundo las Escaleras, mañana podría ser la península de Walpen en su conjunto”.
Recordemos que este no es el único proyecto que pone en jaque a este santuario de la naturaleza. La empresa Agrícola Agrinama S.A. busca materializar una inversión de US$ 57 millones para el desarrollo inmobiliario Loteo Mirador del Alto, el cual afectaría directamente a el Fundo Ramuntcho y que generaría que cerca de cinco mil personas lleguen a habitar el lugar.
Tampoco es el único desalojo que ha afectado la zona: hace solo una semana, más de 50 familias del sector Tres Pinos de Tomé sufrieron el desalojo y destrucción de sus hogares autoconstruidos, por órdenes del municipio. Algo similar ocurrió en San Fabián de Alico, donde se estuvo desplazando a una docena de familias por la construcción del Embalse Punilla, hasta que, recientemente, el Tercer Tribunal Ambiental ordenó suspender los desalojos por irregularidades en la implementación del proyecto. Sucesos que solo continúan probando que el dinero está por sobre la dignidad humana y el ecosistema. Y que los latifundios coloniales y sus patrones de fundo siguen más vigentes que nunca.
