A 45 días de protestas en Chile: La revolución también será feminista

Reporte de las periodistas de ONG Amaranta, Cecilia Ananías y Karen Vergara

Chile ya acumula un mes y medio de manifestaciones sin mayores respuestas desde el Gobierno, más allá del insuficiente paquete de medidas parche, anunciado por el presidente Sebastián Piñera en la primera semana de la crisis, la cual fue prontamente opacada por sus discursos apelando a la represión, las mayores facultades a las policías y su negación de la realidad presentada por organismos internacionales; tanto Amnistía Internacional, como Humans Right Watch, han señalado claramente que la cantidad de personas mutiladas, violentadas sexualmente y la alta cifra de detenidos se han desarrollado bajo flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.

El parlamento, intentando apaciguar las aguas y aprovechando el momento histórico, decidió poner en marcha un acuerdo para un plebiscito que permitiera cambiar la Constitución que heredamos de la Dictadura. Este acuerdo, ideado entre las cuatro paredes del Congreso no fue capaz de calmar las movilizaciones, puesto que no abordó el cese de la violencia policial. El mismo presidente, dos días antes del acuerdo, había jugado con las emociones de todos los chilenos y habitantes del territorio, al hacer esperar una cadena nacional por más de dos horas, instalando entre periodistas y analistas políticos la idea de una nueva militarización y despliegue del Estado de Emergencia; situación que finalmente no ocurrió y frente a la cual el mandatario se refirió en su discurso, afirmando que había optado por diálogo y no la fuerza, como si fuera una  especie de sacrificio por el cual deberíamos agradecerle.

Si bien, mencionado pacto acordado por los parlamentarios pareció iluminar momentáneamente el avance de las luchas sociales este, perdió brillo con los anuncios de proyectos de ley que criminalizarían aún más al movimiento social, entre estos, la polémica “Ley Anticapuchas”, cuya idea de legislar fue recientemente aprobada en el Senado. De ser promulgada, esta elevaría las penas hasta 3 años de cárcel para las personas que participen en actos vandálicos a cara cubierta. Sumado a la incorporación de más drones de vigilancia y cámaras de reconocimiento facial, algo extremadamente preocupante en el actual contexto, donde miles de manifestantes cubren sus rostros, ya sea para evitar ser perseguidos políticamente, como para protegerse de los gases lacrimógenos.

El anuncio del carácter de “urgente” de esta ley, por parte de Piñera, vino acompañado de un nuevo espaldarazo a Carabineros, a pesar de los diferentes informes de observadores de Derechos Humanos que acusan la violencia y falta de fiscalización a este institución policial; además de prometer un proyecto para que militares puedan salir a las calles sin necesidad de Estado de Emergencia o Excepción: «Junto con lamentar profundamente las muertes que hemos debido enfrentar, los civiles que han sido heridos y lesionados, también quiero lamentar y con la misma fuerza el hecho de que hay más de 2 mil carabineros lesionados. Tenemos que fortalecer, apoyar la labor de Carabineros y la Policía de Investigaciones», aseguró el mandatario en su anuncio del domingo 24 de noviembre.

Lo expuesto por Piñera se contradice con lo publicado a finales de octubre por CIPER de las grandilocuentes cifras de heridos de la institución entregadas por el General de Carabineros Mario Rozas, y el mismo Presidente Sebastián Piñera. Se observan graves contradicciones, ausencia de nombres (con lo relevante que es para la institución policial contar con “mártires”), y casos que terminaron sorprendiendo a la población, como las Carabineras lesionadas por una bomba molotov, quienes fueron observadas en buen estado de salud e incluso se viralizó el vídeo de una de ellas, ingiriendo alcohol y fumando, mientras debería encontrarse en reposo. 

En el mismo discurso, también anunció que Inglaterra, España y Francia serían las policías encargadas de prestar apoyo a Carabineros. Posterior a esto, Francia negó que prestaría asesoría a la policía chilena, a lo cual le siguió Inglaterra. Solo la Unidad de Intervención Policial de España aceptó asesorar a Carabineros en «control de masas»; la misma acusada de violencia contra los y las manifestantes de Cataluña.

Este es un somero resumen que revela cómo el Gobierno continúa ciego y sordo ante las demandas sociales del movimiento, con un discurso aún centrado en “el orden público” y las pérdidas materiales y económicas, mientras los casos de personas heridas, torturadas y víctimas de violencia político sexual se acumulan e intentan barrer bajo la alfombra. Hasta el jueves 30 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya sumaba más de 8 mil personas visitadas en comisarías, 243 personas con heridas oculares, 458 querellas por torturas y tratos crueles y 88 acciones judiciales por violencia sexual. 

Cansancio físico, angustia, cambios de ánimo repentinos, dificultad para concentrarse y hasta aplanamiento emocional son algunos de los síntomas que expresa la población en medio de esta crisis, que continúa arrastrándose sin solución aparente. En este escenario, una performance llegó para recordar que la revolución es feminista y que se puede florecer en la adversidad.

“Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú”, es una de las potentes estrofas de “Un Violador en tu Camino” de la colectiva LasTesis, que hoy corean mujeres de todo el mundo. La obra originalmente había sido pensada para el teatro, pero debido al actual contexto del país, fue sacada a las calles por sus creadoras: Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa Stange y Lea Cáceres.

Si bien, primero fue interpretada en Valparaíso, esta se viralizó cuando se llevó a cabo en distintos puntos de Santiago en la conmemoración del Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Sus mismas autoras pusieron a disposición la base musical y la letra, haciendo un llamado a interpretarla en todas partes. El resultado: mujeres cantándola y danzándola con su propia letra en capitales regionales como Valparaíso, Antofagasta Concepción, como también en territorios más alejados, como Isla de Pascua, Chiloé y Punta Arenas -esta última ciudad la interpretó en lengua de señas-. Su letra repercutió en todo el mundo y ya suma performances en Colombia, Francia, España y Alemania.

Ahora en cercanías del mall de Viña del Mar ¡Les salió tremendo, aplausos para ustedes! #elvioladorerestu #UnVioladorEnTuCamino #Lastesis pic.twitter.com/gLaHwNsBRm

— Alienígena El Bromas (@wlady_mena) November 29, 2019

 Como ONG Amaranta, volvemos a redactar un nuevo reporte sobre la situación de Chile, como ejercicio de la memoria y también, como espacio independiente de denuncia, en un contexto donde múltiples medios y comunicadores hacen eco a la voz del Gobierno, mientras se censura y “desvincula” a quienes intentan oponerse. Este es un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas semanas.

El Quinto Poder amordazado

El canal TVN agregando «fuego artificial» a la nota sobre incendio en una sucursal de Banco Estado, de manera de magnificar el daño y criminalizar a manifestantes; el Diario La Tercera descartando la existencia de un centro de torturas en Metro Baquedano, cuando aún estaba siendo investigado el hecho y se acumulaban las evidencias; Canal 13 invitando al matinal a Hermógenes Pérez de Arce, el cual negó al aire que la Dictadura de Augusto Pinochet hubiera violado derechos humanos; el locutor Roberto Dueñas de Mi Radio amenazando con dar el nombre de los hijos e hijas de magistrados que prohibieron el uso de balines por Carabineros en La Serena, argumentando que «le quitan la tijera al peluquero».

🔴(HILO) ROBERTO DUEÑAS AMENAZA AL AIRE CON DAR NOMBRE DE HIJOS DE MAGISTRADOS QUE PROHIBIERON EL USO DE BALINES EN LA SERENA

«Le quitan la tijera al peluquero» fueron los dichos del dueño de «Mi Radio» , además de dar los nombres de los firmantes del documento

RT! pic.twitter.com/z2uLFnsnGc

— Gato Matapacos (@GatoDelPueblo) November 29, 2019

Estos son solo algunos de los casos que dan cuenta de la profunda crisis que atraviesan los medios de comunicación en Chile. Una problemática que se arrastra desde la época de la Dictadura, cuando distintas escuelas de Periodismo del país tuvieron que cerrar sus puertas y decenas de medios independientes fueron clausurados “por la razón o la fuerza”, generándose los monopolios y duopolios mediáticos que hoy conocemos. A esto, se sumó la pérdida de espacios de organización para comunicadores o de su poder -desde sindicatos, hasta el Colegio de Periodistas- y la autocensura como forma de supervivencia.

La supuesta transición a la democracia no hizo más que profundizar estos problemas, privatizando aún más el derecho a la información. Como resultado, hoy periodistas y editores le deben más explicaciones a los dueños de los medios y a las empresas que pagan la publicidad, por sobre la ciudadanía. Más allá de que la sociedad civil realice denuncias al Consejo Nacional de Televisión y que eso se traduzca en una multa, o que el Colegio de Periodistas se pronuncie en un comunicado, poco se puede hacer. El anteriormente mencionado caso de Pérez de Arce, que no es el primero que ocurre en televisión abierta, reveló que no existe una ley que castigue el negacionismo de crímenes de lesa humanidad o el discurso de odio, motivo por el cual el senador Alejandro Navarro propuso legislar en torno a esto, de la misma forma que se ha realizado en países como Alemania, Francia y Reino Unido.

¿Y qué ocurre con quienes intentan resistirse o generar un periodismo diferente? Despidos masivos ha sido la forma de responder y castigar desde estas grandes empresas. Solo esta semana, se confirmó la desvinculación de comunicadores de La Tercera, El Mercurio de Calama, Emol, Radio Pauta, Radio La Clave -la cual eliminó todo el equipo digital-, Publimetro y Radio Bío Bío.

En el caso de esta última, los despidos afectaron a cinco trabajadores y trabajadoras que eran parte del nuevo sindicato. «Estos despidos se concretan 24 horas después de presentar una demanda por los reemplazos constatados por la Inspección del Trabajo durante la huelga de octubre. ¿Coincidencia? En lo absoluto. Esto se trata abiertamente de una represalia», declararon públicamente desde el sindicato.

🔵 Comunicado público del sindicato de Radio Bío Bío, por los despidos concretados esta jornada. pic.twitter.com/ZlmFJHcyFI

— Sindicato Radio Bío Bío (@SindicatoRBB) November 28, 2019

Este medio había sido anteriormente denunciado por despedir de forma irregular a la periodista Rayén Araya, durante su fuero maternal, motivo por el cual debieron pagarle una indemnización; la locutora denunció haber presenciado malos tratos a otros colegas y hostigamiento a otras mujeres embarazadas durante los años en que trabajó para el medio. Quienes han pasado por sus salas de redacción denuncian sobrecarga laboral, no pago de turnos, acoso, malos tratos y enfermedades psiquiátricas a raíz del mal entorno laboral. A pesar de esto, el medio continúa funcionando y es uno de los más leídos y extendidos del país, con varias oficinas regionales.

“Rechazamos categóricamente la creciente precariedad laboral en nuestro sector y hacemos llegar todo nuestro respaldo a los y las trabajadores despedidos, a sus familias y a nuestros/as dirigentes regionales, quienes hacen verdaderos esfuerzos por proteger a sus afiliados/as, no sólo por situaciones de despidos, sino en su lucha por reivindicar la estabilidad laboral, como un derecho humano”, señaló en un comunicado el Colegio de Periodistas.

Ante el cerco comunicacional que han levantado los medios tradicionales, los cuales centran su cobertura en pérdidas económicas y materiales, muchas personas se han volcado a buscar información en las redes sociales, leyendo ahí a medios independientes y ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, activistas y especialistas. Mas, este espacio tampoco ha resistido la represión: solo entre el 18 al 27 de octubre, la Fundación Datos Protegidos registró 169 casos de censura de contenido, baja de cuentas y bloqueo de acciones en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter.

El contenido censurado correspondía sobre todo a imágenes y videos que registran violaciones a los derechos humanos en Estado de Emergencia y crisis social en general. En el informe que Datos Protegidos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Quito, destacaron que “la baja de este contenido implica la pérdida del material para futura visualización y para sus diversos usos públicos, como registro, testimonio y memoria de los hechos ocurridos”. A raíz de esto, se han abierto espacios como TestigoEnLinea.cl, que buscan resguardar este material, para futuras denuncias.

Otro gran problema comunicacional, ha sido la difusión de noticias falsas. La escasa educación cívica y mediática entre la población chilena ha generado que solo en 2018, hubiera más de 11 millones de interacciones en las redes sociales con fake news; hasta hoy, gran parte de la población chilena considera la red WhatsApp como su principal medio de información, donde constantemente circulan audios que llaman al miedo -anunciando desabastecimientos y la crisis del peso chileno-, a la violencia -organizando grupos que atacan a manifestantes- y que criminalizan al movimiento social -al tratar a todos de “violentistas” y adjudicarles supuestos ataques-. Plataformas como Fake News Report y Fast Check han surgido como contrarrespuesta, aunque aún no tienen tanto alcance como las mismas noticias que corroboran o desmienten.

Un gobierno en profunda negación

“El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al gobierno pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes[…] el informe que hemos conocido hoy, lamentablemente, incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas”, declaró la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, en un punto de prensa en La Moneda, despertando la indignación de quienes se manifiestan en las calles y sufren la dura represión.

Rápidamente, Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas, salió al paso de las críticas. Esta no solo interpeló a Recabarren por no condenar la violencia de las fuerzas de seguridad chilena, sino que además acusó que se le solicitó reunión al presidente, Sebastián Piñera,  «quien ni siquiera nos respondió, dejando claro sus prioridades”.

Paradójicamente, el hecho ocurrió pocos días después de que un joven identificado como Abel Acuña muriera de un paro cardíaco en la Plaza de la Dignidad durante las manifestaciones; el equipo de salud que llegó en su rescate fue atacado por la policía con bombas lacrimógenas y chorros de agua del «guanaco», incluso cuando intentaron resguardarse dentro de la ambulancia del SAMU.

“Esta agresión impidió dar los cuidados necesarios al paciente, debiendo retrasarse la reanimación», declararon posteriormente desde el Colegio Médico de Chile, anunciando acciones legales. Como también relató una paramédico al medio CIPER: “Cuando llegamos se reanimó al paciente. Se hizo lo mejor que se pudo, se pidió el móvil. No se demoró nada. Con suerte estuvimos 10 o 15 minutos, no más, y no sobrevivió por culpa de los carabineros. No le dieron chance al cabro de vivir”.

Cinco días después, a este reporte se le sumó el de Human Rights Watch, el cual también denunció graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado, pidiendo urgentemente una reforma: «Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas […] sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Es justamente por ello que las autoridades deben impulsar una reforma policial urgente”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El informe además recogió la violencia político sexual que se ha ejercido, especialmente contra las manifestantes: «los carabineros parecen ser más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por Human Rights Watch», agregaron.

De esto, el gobierno solo recogió que el informe había «desestimado la existencia de una política enfocada en dañar manifestantes», agregando, a través de Recabarren, que valoraban sus recomendaciones y reformas y que habían 105 sumarios administrativos al interior de Carabineros en respuesta. Al poco andar, Sebastián Piñera volvió a convocar a un punto de prensa, anunciando que sacarían a 2.500 efectivos policiales más a las calles; sobre respuestas a las demandas sociales, nada.

Así de sordo se ha mantenido el diálogo con un Gobierno que sigue intentando culpar por la crisis a “grupos criminales extranjeros” -como afirmó recientemente el ministro de Defensa, Alberto Espina– y a “narcotraficantes y barras bravas” -como declaró la vocera de gobierno, Karla Rubilar-, en vez de aceptar la raíz del problema: un país profundamente desigual, donde casi 26 mil personas murieron en lista de espera para atención de salud, solo en 2018, y donde se ha normalizado realizar bingos y rifas para pagar tratamientos de cáncer. Por eso es tan indignante que el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, declare que «nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta» o que la Ministra de Transporte, Gloria Hutt, desconociera la importancia del Metro de Santiago, afirmando que «no le había tomado el peso al cierre temprano…porque toda la ciudad cierra temprano».

Las declaraciones indignantes desde las autoridades se acumulan a tal ritmo, que la población hasta ya les ha perdido cuenta: El jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, Enrique Bassaletti, comparó la violencia policial contra manifestantes con la quimioterapia: «Nuestra sociedad está enferma de una enfermedad grave. Supongamos que sea un cáncer […] cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas. Es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego, es complejo», afirmó.

A esto se sumó el titular de Defensa afirmando que «las fuerzas armadas, cuando son brutalmente atacadas en forma injusta sin ningún fundamento, con ninguna otra justificación que desacreditarlas, pueden y deben defenderse» y el director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, agregando en otro punto de prensa que «cuando un policía es atacado y responde, tajantemente digo que no es violación a los derechos humanos. Eso es defender su integridad».

Por esos mismos días, la cuestionada Ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció medidas contra «el adoctrinamiento político»: “Adoctrinamiento político a niños en escuelas por parte de quienes tienen el deber de educarlos es una forma de violencia. Quizás menos visible que un overol blanco lanzando molotov, pero es violento ver a niños de jardín repitiendo consignas políticas que una educadora les enseña“, precisó la ministra a través de su cuenta de Twitter. Un anuncio absolutamente incoherente, apenas días después de que se conociera que Carabineros lanzó bombas lacrimógenas al interior de un establecimiento de La Cisterna lleno de niños y niñas:

No se necesita adoctrinar a nadie para que los niños y niñas formen su propio pensamiento luego que carabineros les lance lacrimógenas, nadie se disculpe con ellos y más encima Piñera avale este actuar o lo justifique. El propio gobierno con 9%
pic.twitter.com/NaxcXs153V

— Cristóbal Yessen (@CristobalYessen) November 26, 2019

Actualmente, el único avance ha sido la aprobación de la Acusación Constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, debido a los fuertes cuestionamientos sobre su papel en las comprobadas violaciones a los derechos humanos durante la crisis social. Cabe destacar que Chadwick también tiene responsabilidad política por la muerte del joven mapuche, Camilo Catrillanca, quien fue asesinado por fuerzas de Carabineros mientras se transportaba en tractor por su comunidad, acusado falsamente de robo.

“Que por tu sueño vela tu amante Carabinero”

«Duerme tranquila, niña inocente/ sin preocuparte del bandolero/ que por tu sueño, dulce y sonriente/ vela tu amante carabinero». La quinta estrofa del himno de Carabineros de Chile fue recogida por la viralizada performance de #LasTesis, en denuncia de la irónico de la situación: cómo estos agentes policiales han asesinado, herido, torturado y abusado de la población que juraron proteger. Más aún, cómo la violencia político-sexual parece nunca haber desaparecido de nuestro país, tomando como siempre a mujeres y disidencias para hacerse notar de manera más cruel.

El nivel de la represión ha alcanzado tal magnitud, que incluso en la Región de Magallanes, el INDH debió interponer una querella por apremios ilegítimos por parte de Carabineros contra un niño de tres años. El hecho ocurrió el 10 de noviembre, cuando un hombre encaró a Fuerzas Especiales por usar el carro lanzaaguas y bombas lacrimógenas en un lugar donde se encontraba junto a sus dos hijos, de 1 y 3 años, quienes debieron ocultarse en su auto. En ese momento, según relato del INDH, “carabineros rodearon, patearon y forcejearon la puerta del auto, por lo que el padre se bajó del vehículo. En ese mismo instante, un carabinero abrió la puerta del piloto para abrir el pestillo de la puerta de atrás, y al hacer la maniobra golpeó al pequeño de 3 años, generándole un trauma encéfalo craneal leve, traumatismo en puente nasal y un trastorno de estrés post traumático”. Tras esto, el padre terminó siendo reducido entre cinco uniformados, “y posteriormente fue golpeado e insultado” en el suelo.

Esta es una de las 604 acciones judiciales que se han presentado a lo largo del país por este organismo; del total de 830 víctimas representadas, 151 son niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que la mayoría de detenciones y excesos de abuso policial son dirigidos a menores de edad, como da cuenta este reporte de la Región de Aysén.

A las vulneraciones contra este grupo humano, se suman las 241 personas que han reportado lesiones oculares, siendo los casos más graves, el de Gustavo Gatica, el joven fotógrafo y estudiante de psicología de 21 años, quien fue herido por balines de la policía en ambos ojos, lo cual finalmente le significó la pérdida total de la visión; y el de Fabiola Campillay, una trabajadora de 36 años y madre de tres hijos, quien iba rumbo al turno de noche en su trabajo cuando recibió de lleno el impacto de una bomba lacrimógena en el rostro, lanzada por Carabineros a menos de 15 metros de distancia, también perdiendo la visión de ambos ojos.

Mientras, en la televisión con suerte pasan notas advirtiendo los peligros para la visión de los láseres verdes, que manifestantes suelen utilizar para defenderse de la policía, de la misma forma en que se realiza en Hong Kong.

A Carabineros también se le denuncia haber emprendido una «guerra química» contra el movimiento social: en Santiago, decenas de personas llegaron a la Ex Posta Central denunciando que estaban lanzando un gas de distinto olor y color, el cual les provocó una sensación de tener la garganta y el pecho apretados, además de vómitos, mareos y náuseas en algunos casos. Mientras que un estudiante de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Aldo González Leiva, reportó haber sufrido quemaduras de segundo grado en el 30% de su cuerpo tras haber estado en contacto con el agua del carro lanzaaguas de Carabineros.

En la PUCV tenemos un compañero de Ingenieria Mecánica que tiene un 30% de su cuerpo quemado por la acción del guanaco y el rector nos está forzando a retomar las actividades académicas. Tampoco ha hecho nada por lxs compañerxs que han sido afectadxs durante las manifestaciones. pic.twitter.com/JbOAVj4oQD

— Paz 💚 (@PazFemininja) November 28, 2019

En la ciudad sureña de Concepción, se denunció que agentes policiales lanzaron granadas aturdidoras, las cuales liberan intensos destellos de luz que ciegan a las personas por segundos, al mismo tiempo que emiten un fuerte ruido que puede incapacitar temporalmente la audición. Los y las manifestantes lograron recuperar tres de las bombas como evidencia. Fue en esta misma ciudad donde una joven que protestaba fue reducida con tal brutalidad por parte de efectivos policiales, que acabó completamente desnuda de torso; apenas otros manifestantes intentaron acercarse a ayudarla, fueron fuertemente reprimidos con bombas lacrimógenas lanzadas directamente; ella fue prácticamente secuestrada y subida violentamente a un furgón policial.

Otra triste “costumbre” de Carabineros, es la brutalidad con la que atacan a quienes prestan atención primaria de salud, botando sus implementos, lanzándoles gas pimienta y golpeándolos. Algunos, han sido atacados incluso solo por aliviar el ardor de las lacrimógenas: Fue el caso de Violette González, de 28 de años, quien repartía botellas con agua con bicarbonato, cuando recibió una golpiza por parte de efectivos policiales, quedando con un trauma severo en su nariz, el cual quizá le signifique no volver a respirar por ahí:

Violette González, 28 años, repartía agua con bicarbonato a quienes habían sufrido efecto de gases. Recibió golpiza por parte de policías. Por mal diagnóstico quedará con lesión, y quizás no vuelva a respirar por la nariz. Quebraron varios de sus dientes 😔 su mamá cuenta más 👇 pic.twitter.com/QGyUv1rKg1

— Karen Vergara (@una_geminiana) November 26, 2019

Estos casos son solo algunos que se han dado a conocer de forma más pública durante los últimos días, mas, no son los únicos, demostrando que no se trata de “eventos aislados” que involucran a Carabineros, sino que de una crisis institucional. Un problema que debió haberse percibido mucho tiempo atrás: en febrero, en un taller de Derechos Humanos impartido por el INDH, de un total de 241 Carabineros presentes, 131 respondieron que ordenarle a un detenido/a que se desnude y obligarlo a hacer sentadillas sí se ajustaba a los protocolos; es decir, que más de la mitad de los y las presentes no reconocía este acto como violencia sexual ni como trato humillante.

En este escenario, resulta tragicómico que Carabineros utilice sus medios de comunicación solo para acusar a la artista Mon Laferte de injurias y calumnias, luego de que ella afirmara en un canal de Univisión que efectivos policiales y militares estuvieron involucrados en incendios y torturas.

Compartimos el Comunicado de Prensa con relación a las graves imputaciones en contra de @Carabdechile. #OrdenyPatria #NoMásDesinformación pic.twitter.com/V5QFgfiVHJ

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) November 30, 2019

La cantante chilena, radicada en México, ha destacado en la prensa internacional por visibilizar las violaciones contra los Derechos Humanos en Chile. Desde esta institución policial, esto ha sido tomado como un ataque directo; no existe ningún mea culpa ni reflexión de su violencia desatada, a pesar de que se continúan acumulando reportes de distintas organizaciones que demuestran su brutalidad de acción.

Cabe destacar que nada de lo cuestionado a Carabineros es nuevo. La periodista de investigación, Mónica González publicó el 12 de noviembre un texto denominado “Furia desatada en Carabineros: fuera de control y sin piloto”, donde cuenta la serie de irregularidades, desfalcos, procesos pendientes y hechos de violencia que han marcado a la institución los últimos 20 años. Al parecer, gobierno tras gobierno, fue omitiéndose la necesidad de avanzar en un cambio, refundación o al menos cambio en la instrucción de los nuevas policías, lo que como resultado ha traído incluso detenidos desaparecidos en democracia. Recordemos el caso de José Gerardo Huenante, joven de 16 años que en el año 2005 en Puerto Montt fue subido a una patrulla de Carabineros, sin conocerse nunca más su paradero.

Presos y presas por protestar

De la mano de las detenciones arbitrarias, también han ocurrido encarcelamientos tan brutales, como irregulares en su procedimiento. En Puente Alto, pronto se dio a conocer el caso de Tomás Morales Galleguillos, un estudiante de Técnico en Construcción del Duoc UC, quien fue detenido la noche del 6 de noviembre, cuando se dirigía hacia un cabildo. En el camino, se topó con manifestaciones y en ese contexto fue detenido por Carabineros, acusado de lanzar una bomba Molotov. El joven de 20 años fue brutalmente golpeado y sometido a tratos crueles.

Como recoge el medio The Clinic: «Una vez solos, los funcionarios lo sacaron del auto, lo tiraron al suelo, a la tierra, y le pegaron con sus puños en diferentes partes del cuerpo, tomaron los dos celulares que el joven portaba en su banano y los destruyeron por completo. Luego, uno de ellos sacó su pistola, la apuntó hacia su cuerpo y le dijo: ‘Vamos a jugar a la ruleta rusa’. Tomás Morales sabía de qué se trataba: sacar todas las balas del revólver, dejar solo una, apretar el gatillo y que su vida dependiera del azar. En ese momento solo pensaba en su muerte, hasta que otra funcionaria frenó a su compañero y le pidió que parara, que por favor no lo hiciera […] Finalmente, lo llevaron a la comisaría, donde Tomás se encontró con su madre. Posteriormente fue a constatar lesiones y antes de regresar a la comisaría también fue amenazado. ‘Sabemos dónde vives, te vamos a andar buscando'».

Hoy, el joven se encuentra en prisión preventiva y enfrenta cargos por homicidio frustrado contra un efectivo y portación de artefacto explosivo, que tanto su familia como su defensa descartan y desmienten.

En Concepción, existen otros dos casos similares. El primero, fue el de José Sepúlveda, auxiliar de 61 años del preuniversitario Cpech, quien se encuentra en prisión preventiva, acusado de incendiar el edificio de la Gobernación Provincial. Como declararon desde su sindicato: «todos y todas quienes conocemos a don José sabemos que es imposible que sea culpable de causar esta situación. El gobierno necesita a quien culpar para seguir vandalizando el movimiento social y sus justas demandas, por lo que se querelló contra nuestro compañero utilizando la Ley de Seguridad Interior del Estado».

El segundo caso es el de la estudiante de Biología Marina y deportista, Constanza Valdebenito, quien se encontraba regresando a su hogar, tras una tarde de laboratorio en la Universidad de Concepción, cuando fue detenida por Carabineros, acusada de participar en el saqueo de una tienda del centro de la ciudad; la joven fue golpeada, encarcelada e incomunicada de su familia por seis días; en su caso, enfrenta cargos por robo en lugar no habitado y asociación ilícita. Ambos se encuentran encarcelados en El Manzano y podrían pasar 120 días ahí, mientras dura la investigación.

Debido a la fuerte persecución política, en esta comuna se conformó la «Red la Protesta no es Delito», la cual acompaña a familiares y amigos/as víctimas de violaciones a los DDHH y visibiliza la situación de presos y presas políticas del estallido social.

A modo de cierre: La revolución será feminista

El lunes 25 de noviembre, miles de mujeres, jóvenes y niñas salieron a las calles de distintas ciudades de Chile a protestar contra la violencia que les afecta desde que nacen y que, en medio de la represión policial, se ha visto aumentada. Las manifestaciones, llenas de danza, gritos y rayados, nos recordaron que las mujeres siempre estamos en la “Primera línea” de la batalla y que el feminismo ya nos había unido a luchar antes, en protestas tan masivas como pacíficas, que revelan que la ceguera del gobierno -y de los gobiernos anteriores- ante las demandas, es crónica.

Al igual que la estatua del Perro Matapacos, vandalizada y quemada para luego reaparecer florecida, de esa misma forma, las mujeres resistimos. Estamos siempre ahí, dando pelea: en la mujer mayor que decidió protestar tomando tecito en medio de una calle de Valparaíso; en la tía de furgón que agarró un traje gigante de Pikachu y salió así a animar la protesta en las calles; en las jóvenes que evadieron tótems del metro y que ahora se toman colegios, liceos y facultades de universidades; en aquellas que apagan lacrimógenas; en las que prestan primeros auxilios en las “zonas cero”, a pesar de la brutalidad con que les atacan efectivos de policía; en una performance regalada a todas las mujeres del mundo.

La revolución también es de las mujeres, niñas, disidencias y de todos los grupos humanos históricamente excluidos e invisibilizados.