Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Cecilia Ananías Soto y soy parte de ONG Amaranta, un espacio de trabajo, investigación y educación feminista nacido en 2018 en Concepción, Chile, y que hoy cuenta con un equipo de 11 mujeres entre las ciudades de Concepción, Chillán, Linares y Santiago. Es primera vez que somos parte del proceso del Examen Periódico Universal: presentando un informe sombra, participando de la consulta nacional online organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y hoy, declarando en estas pre-sesiones.
Es importante que inicie este reporte recordando que vengo de un país de más de 4 mil 500 kilómetros de largo y conformado por 16 regiones; cada una de estas puede tener realidades bastante diferentes entre sí, especialmente si se les compara con la capital. Hoy, hablaré tanto de las cifras y hallazgos reunidos educando en sexualidad en la Región del Biobío (a unos 500 kilómetros al sur de Santiago), como también cifras que recogimos a nivel nacional sobre violencia de género facilitada por tecnología.
Chile recibió y aceptó en el III Ciclo del EPU recomendaciones para abordar estereotipos de género, implementar educación sexual integral en escuelas, como también garantizar una vida libre de violencias para mujeres y niñas, incluyendo el espacio digital. Y si bien, el Estado ha avanzado con algunas iniciativas (Ley de Acoso Callejero, modificaciones a la Ley de Violencia Intrafamiliar, Ley de Acoso Laboral), aún existen falencias que mantienen las cifras de violencia y desigualdades de género prácticamente intocables. Esta problemática tiende a agravarse según qué tan lejos te encuentres de las capitales: provincias al interior, sectores rurales o hasta sectores periféricos de las ciudades tienden a tener menor acceso a las políticas públicas y educación, según constatamos en terreno.
Nuestra principal fuente de información de este reporte es el trabajo en territorios que hemos realizado con el Programa Lilén: un ciclo de talleres educativos que hemos impartido en siete establecimientos secundarios del Biobío de alto índice de vulnerabilidad social, beneficiando a más de 900 estudiantes y alrededor de 90 docentes.
Entre nuestros hallazgos sobre estereotipos de género en la población de jóvenes, se cuentan: menor participación (e incluso, desinterés) de los estudiantes varones en temáticas relacionadas a violencia de género; relaciones sexoafectivas desiguales y basadas en estereotipos; y núcleos familiares conservadores en los que sigue recayendo el trabajo no remunerado sobre las mujeres.
Mientras que, entre los y las docentes, hallamos un desconocimiento de la perspectiva de género y cómo llevarla a su quehacer y el aula; reticencias a reconocer las diversidades sexuales; además de profesores que reconocieron tener percepciones desiguales de sus estudiantes en base a su género, dificultando el acceso de las mujeres a otras áreas de estudio; esto mantiene ciertas carreras técnicas feminizadas o masculinizadas.
Además, al realizar talleres de educación sexual en los establecimientos, nos encontramos con: numerosos casos de acoso callejero contra las alumnas (quienes no están al tanto de la vigente Ley contra el Acoso Callejero), desconocimiento sobre conceptos básicos de sexualidad, nulo acceso de información a sus derechos sexuales y reproductivos, sobreexposición a pornografía, desconocimiento sobre el uso práctico de métodos de barrera, lubricantes y métodos anticonceptivos, desconocimiento de la actual Ley de Aborto en Tres Causales, vergüenza a hablar sobre temáticas como la menstruación, poca información sobre el VIH, además de casos de embarazo y aborto en adolescentes.
En cuanto a una vida libre de violencias, debemos señalar que, de los 7 establecimientos secundarios en los que nos encontramos trabajando, 2 cuentan con casos recientes de alumnas que fueron víctimas de femicidio. Además, de los 24 cursos o grupos de estudiantes voluntarios con los que hemos trabajado, no ha existido ninguno en que no hallamos detectado algún caso de violencia. Los más reportados han sido: ciberacoso, acoso callejero, violencia intrafamiliar, violencia institucional, violencia sexual (especialmente, grooming y abuso) y violencia en las relaciones.
Finalmente, en 2020 investigamos el alcance de la violencia de género en Internet encuestando a más de 500 mujeres de las dieciséis regiones del país. De las respondientes, un 73,8% había sufrido alguna forma de violencia en los espacios digitales; además, de las víctimas, un 10,7% no se había identificado inicialmente como tal, porque la violencia había ocurrido en el contexto de una relación sexoafectiva y estaba normalizada. De las afectadas, solo un 12,2% denunció a las policías o Fiscalía; y ninguna consiguió reparación a través de la justicia.
Por ello, nos gustaría pedir a sus Estados que hagan las siguientes recomendaciones:
- Incorporar la formación en perspectiva de género a la carrera docente.
- Facilitar espacios de formación y discusión comunitarios sobre Género y Derechos Humanos, descentralizando el conocimiento.
- Promover con carácter de urgencia la Política Nacional de Educación Sexo Afectiva Integral y que esta no solo abarque población escolar, sino que también incluya espacios de Educación Sexual Integral para personas adultas.
- Promover estrategias comunicacionales y educativas para dar a conocer la Ley contra Acoso Callejero entre la población, además de sensibilizar y capacitar a agentes de seguridad y funcionarios judiciales que reciban las denuncias.
- Promulgar con carácter de urgencia la Ley por el Derecho a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de Violencia Digital.
- Generar y promover programas que eduquen en torno a seguridad y convivencia digital, con perspectiva de género y de derechos humanos.
