Noviembre de 2019, Concepción
DECLARACIÓN PÚBLICA
MESA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN TORNO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN.
Durante el año 2018, el presidente Sebastián Piñera declaró: «los niños están primero”, comprometiendo a su gobierno con un sistema reformulado para la protección de la infancia. Sin embargo, en el marco de las movilizaciones actuales de nuestro país, en lucha por derechos sociales universales y condiciones de vida dignas, el aparataje del Estado ha violado los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, reprimiendo física y psicológicamente, actuando en gran parte, desde la ilegalidad y la violencia policial.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos Regional, nos informó con fecha 01/11/2019 que en la Región del Biobío, 20 niños, niñas y adolescentes han presentado denuncias de vulneraciones por agentes del Estado. A nivel nacional, en su reporte de la misma fecha, informa un total de 475 niños, niñas y adolescentes detenidos, desde el 17/10/2019.
Así también, la Defensoría de la Niñez informó el 31/10/2019 que un total de 43 niños, niñas y adolescentes habían sido heridos de bala o perdigones o sufrido maltrato físico por parte de agentes del Estado.
Como Mesa de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan con niños, niñas y adolescentes (NNA), nos resulta inaceptable que a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño (y niña), ellos/as sigan esperando. Las políticas públicas nacionales abocadas en la protección y promoción del bienestar y desarrollo integral de la infancia han sido históricamente precarias e insuficientes, lo que se ha replicado en el actual gobierno, reproduciendo, desde el aparataje público, violencia estructural en la vida de niños, niñas, adolescentes, sus familias y comunidades.
Quienes sufren mayormente la invisibilización y vulneraciones sistemáticas del Estado son recurrentemente los niños, niñas y adolescentes más pobres de este país, “uno de cada cuatro niños y niñas vive en pobreza multidimensional, es decir, sus familias tienen bajos ingresos y presentan dificultades en ámbitos de educación, salud, vivienda y de acceso a redes familiares y sociales”, y no obstante, se continúa vulnerando sus derechos.
La desigualdad y violencia estructural se expresa, entre otros aspectos, en los indicadores de salud mental que exhibe nuestro país, siendo los peores de Latinoamérica, posicionando a niños, niñas y jóvenes como protagonistas de altas tasas de suicidio, consumo de drogas de carácter “ilícito” y drogas psiquiátricas.
SENAME, como la institución encargada de la implementación de políticas públicas en materia de protección a la infancia, que define su labor como “…contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes” fue investigada por el Ministerio Público, a través de un equipo de la Policía de Investigaciones durante los años 2017 y 2018, levantándose antecedentes sobre 240 de sus 241 centros residenciales; determinándose, entre otros resultados, que en el 85,8% de las residencias se han vulnerado gravemente los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Así también, SENAME se erige como una de las instituciones que más recursos destina a la adquisición de drogas psiquiátricas, es decir, administra la sedación continua de niñas, niños y jóvenes en contextos de pobreza con recursos del Estado. Lo mismo sucede en establecimientos educacionales, independiente del nivel socioeconómico, donde la sobre patologización impulsa a que estas instituciones sean las principales productoras de los diagnósticos y administración de los/as niños/as «problemas».
Del mismo modo, la segregación territorial como expresión de la desigualdad, marca las trayectorias vitales de niños, niñas y adolescentes que se desarrollan en contextos de exclusión social, sin espacios de calidad para el encuentro público y recreación, con altas tasas de violencia y sin acceso a derechos sociales de calidad, los que han sido sistemáticamente negados por el Estado.
Bajo este contexto de violación reiterada de los derechos fundamentales de la niñez en nuestro país, es que exigimos que el Estado y sus organismos regionales, se hagan cargo imperativamente de esta problemática. Los niños, las niñas y adolescentes no pueden seguir siendo invisibilizados, criminalizados, postergados y sufriendo los avatares de un sistema carente de prioridades.
La ciudadanía ya lo está entendiendo: el nuevo pacto social será sí o sí junto a niños, niñas y adolescentes para que la precariedad y las desigualdades no sean una sentencia desde la cuna, siendo urgente avanzar hacia la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales para toda la población.
