Como Amaranta ONG manifestamos nuestro total repudio a los hechos de violencia sexual perpetrados al interior de la residencia colaboradora de Sename, Nido Hualpén, perteneciente a la Fundación Padre Luis Amigó, en contra de dos niñxs. Hechos que, por lo que se ha reportado por diversos medios, venían ocurriendo de manera sistemática y bajo la aquiescencia de su directora la Sra Evelyn Oñate y el silencio cómplice de dos educadoras de trato directo.
El Estado de Chile, hace más de 30 años ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, comprometiéndose a adecuar su legislación, políticas públicas y programas nacionales a los estándares establecidos en ella. A pesar de que durante décadas los diferentes gobiernos han llevado a cabo una serie de reformas para avanzar hacia la protección de la infancia y juventudes, lamentablemente, no se ha tenido los mejores resultados, de hecho, en nuestra legislación se encuentra vigente la Ley de Menores de 1967, la cual no se encuentra en sintonía con los parámetros internacionales mínimos. Sumado a ello, Chile, es el único país de Latinoamérica, que no cuenta con una Ley Integral de Protección para niños, niñas y jóvenes (NNJ) que los y las considere como sujetos de derechos y no objetos de derecho, lo que da cuenta, de la profunda indiferencia para trabajar en su bienestar.
Históricamente se han documentado y denunciado las abominaciones que han ocurrido al interior de los centros de Sename y sus organismos colaboradores, no olvidemos que, en el año 2013, Ciper Chile dio a conocer un informe realizado por el Poder Judicial, que reveló que el 25% de los niñas y las niñas que viven dentro de estas casas sociales, no contaban con los estándares básicos en el área educacional, atención en salud, ni mucho menos lazos familiares establecidos. Desafortunadamente, con los años, esta situación se ha ido profundizando, muchos y muchas podemos recordar la muerte de la pequeña Lissette Villa en el año 2016 dentro del centro Cread Galvarino (Santiago), lo cual volvió a encender las alertas sobre lo que sucede cotidianamente dentro de la Red Sename.
Por estos motivos, organismos como la ONU, se han visto en la obligación de levantar un informe en julio de 2018, el que evidencia las violaciones de derechos sistemáticas, constatando graves deficiencias en infraestructura, salubridad, educación y nulos controles por parte del Estado de Chile, acusando categóricamente a este de violar los derechos humanos de dichos niños y niñas.
Este crítico escenario tiene estrecha relación con los hechos atroces ocurridos en la residencia Nido de Hualpén, evidenciando nuevamente la necesidad urgente de contar con una Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez, como también, nos interpela como sociedad a cuestionarnos sobre la responsabilidad del Estado de Chile y los diferentes servicios y organismos gubernamentales encargados de trabajar por las garantías de nuestros NNJ y, por sobre todo, por el rol protagonista de la Red Sename en la violación sostenida de sus derechos humanos.
La comunidad nacional y local, ha mostrado su descontento frente a esta grave vulneración, es por ello, que consideramos que el Estado como garante de los derechos humanos, debe responder a dicha exigencia tomando un lugar activo en defender dichas garantías, lo cual implica que desarrolle una labor de prevención de hechos de violencia como los acaecidos como también, la aplicación categórica de sanciones que correspondan para garantizar su no repetición.
Por eso, ante la negligencia estatal, es nuestro deber como integrantes de la sociedad civil y actoras en defensa de los derechos de la infancia y juventudes, el insistir y demandar la protección hacia aquellxs que históricamente han sufrido la violencia estructural y la lógica adultocéntrica que impera en nuestra sociedad y se ponga fin a todo tipo de abuso.
Creemos firmemente en una sociedad distinta, sin violencias ni discriminaciones, por lo que la protección y la lucha por los derechos de la niñez, es una tarea de toda la comunidad y sus organizaciones. Para ello, exigimos una reestructuración radical a la Red Sename y todos sus organismos colaboradores, que exista una rigurosa fiscalización por parte del Estado de Chile asegurando el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña ratificada por Chile, que la Ley Integral de Protección de los Derechos de NNJ sea aprobada, como también, que se garantice la protección de los lazos, afectos y vínculos familiares sostenidos como pilar fundamental, en donde la decisión de separar al niño o niña de su núcleo familiar por parte del sistema judicial sea realmente fundada y necesaria, pensando y resguardando siempre el interés superior del NNJ.
En paralelo, es urgente que reflexionemos y actuemos, desde la amorosidad y solidaridad, en nuestros entornos cercanos, territorios y organizaciones con respecto a la importancia de generar redes de cuidado colectivo de la infancia y juventud para protegerlos (as) de todo tipo de abusos.
