El primer caso que se dio a conocer públicamente fue el del auxiliar de Cpech, José Sepúlveda, de casi 62 años, quien fue acusado de iniciar el incendio de la Gobernación. Pronto, se sumaron a prisión preventiva la estudiante de Biología Marina, Constanza Valdebenito Victoriano; la estudiante de Medicina Veterinaria, Catalina Fuentes Fuentes; el TENS y bombero, Bastián Toledo Ferrada; y el manifestante, Carlos Peyrin Matamala. Todos se encuentran en prisión preventiva en la Cárcel El Manzano, tras proceso sumamente irregulares.

Por Cecilia Ananías Soto.

«Hay justicia para ricos y justicia para pobres. Lamentablemente uno es pobre y por eso, mi hija está encarcelada», fueron las potentes palabras con las que Héctor Valdebenito abrió el punto de prensa convocado a las afueras de la Cárcel El Manzano por distintas familias y organizaciones sociales. Su hija, Constanza Valdebenito, fue detenida el viernes 22 de noviembre, cuando regresaba de un laboratorio en la Universidad de Concepción, acusada de saquear una tienda del centro de la ciudad.

La misma joven que alguna vez fue condecorada por la primera dama, Cecilia Morel, por representar a Chile en un concurso de Microsoft en Estados Unidos, fue brutalmente golpeada, encarcelada preventivamente e incomunicada de su familia por seis días. Incluso, no le permitieron constatar sus lesiones. A pesar de ello, Héctor exclama ante las cámaras que “Mi hija siempre ha estado por la lucha de los más desposeídos, por eso le grito desde aquí: ¡lucha para siempre, hija, te amo!”

Tristemente, no es el único caso. Un par de días después de que denunciara el injusto e irregular procedimiento contra Cony, se conoció el caso de Catalina Fuentes Fuentes, una estudiante de Medicina Veterinaria de la UdeC que hoy cumple prisión preventiva acusada de “desórdenes públicos” y “asociación ilícita”. La única prueba, en palabras de la FEC UdeC interina, es “una foto en la que sostiene un adoquín”. La misma suerte corrió su pololo, Bastián Toledo Ferrada, quien también fue detenido por agentes de la PDI de civil; ambos ayudaban a animales y personas heridas en las manifestaciones de Concepción.

“Lo único que Catalina ha hecho en este mundo y en esta vida, ha sido apoyar a los vulnerables, a los indefensos. Mi hija está presa por dar su vida por los demás; le pidieron colaboración [en la brigada de salud] y no lo pensó dos veces. Lamentablemente [los de la PDI] la vieron vulnerable, la siguieron y la atraparon junto a Bastián. Ruego que ella mantenga su fuerza y entusiasmo por la vida, por todos los seres en este planeta que necesitan su ayuda. Vengo desde Calama y no me voy a ir de aquí sin mi hija, sana y entera”, declaró María Virginia Fuentes, su madre, visiblemente conmovida.

A su testimonio, se suma el de sus compañeros y compañeras de Medicina Veterinaria de la UdeC, quienes también participaron en la convocatoria, rechazando públicamente que se encuentre encarcelada tras ser catalogada como un peligro para la sociedad:

“Quienes conocemos a Catalina, sabemos que no es así. Ella ha estado siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesite, sea su amigo o no, como cuando presta ayuda a la comunidad en AREVET. A pesar de ser de Calama, decidió quedarse en Concepción, para jamás descuidar su rol de presidenta del TRICEL, asistiendo a cada asamblea nuestra para velar por la democracia y transparencia. En todo el contexto de las marchas, perteneció a la brigada de salud, donde prestó ayuda a cada niño, niña, adolescente, adulto y hasta animales afectados por gases lacrimógenos y perdigones lanzados”, declararon, exigiendo su liberación inmediata.

El profesor de la UdeC, Abelardo Castro Hidalgo, también acompañó y entregó apoyo a las familias: «Vengo como padre de tres hijas y como maestro de la Universidad de Concepción, cuyo lema es ‘por el desarrollo del libre espíritu’. No podría ser un maestro consecuente si no estuviera aquí junto a estudiantes que viven y se comprometen con la sociedad bajo ese hermoso lema. No es posible que, cuando se vive en Chile es una rebelión social, estén encarceladas dos jóvenes por causas justas. Es una contradicción enorme».

El mismo día en que fue detenida Catalina, atraparon en similares condiciones a su pololo, Bastián Toledo Ferrada, el técnico en enfermería del Sanatorio Alemán y bombero que prestaba atención primaria en salud a quienes resultaban heridos/as en las protestas. Como relata su padre, Alfonso Toledo Parra, él también fue detenido por agentes de civil de la PDI, cuando intentaba regresar en bus a su hogar, y llevado hasta a un vehículo particular: “Mi hijo está recluso por hacer un bien al resto de los jóvenes manifestándose”, declaró.

Otra amiga de la familia agregó: «Ha sido algo que parte el corazón. No puedo creer que hayan dictaminado 45 días de prisión preventiva mientras dura la investigación contra estos jóvenes. Nos ha tomado años después de la Dictadura poder reconciliarnos con las FFAA: esto ha quebrado otra vez las pocas confianzas que existían. Le pido al juez que dictaminó esta sentencia que pueda ser revocada, porque no es justa. Los queremos de regreso en sus hogares”.

En todos los casos anteriormente expuestos se han interpuesto recursos de amparo; en el caso de José Sepúlveda, ya fueron rechazados en una ocasión, motivo por el cual el auxiliar deberá pasar su cumpleaños número 62 en prisión preventiva este miércoles.

Criminalización de la lucha social

Otro proceso sumamente irregular, fue el de Carlos Peyrin Matamala, quien fue detenido la noche del lunes 2 de diciembre y automáticamente criminalizado. Como declararon desde organizaciones sociales, su detención y pruebas en su contra fueron divulgadas a la prensa y redes sociales: “Se le expuso el nombre completo, en un video vía Twitter, en el cual se le hacía un seguimiento, presentándolo como un criminal mientras era llevado por efectivos, tras la movilización de ese mismo día. Esto volvió a ocurrir en la presentación de pruebas en su contra. Cabe destacar que el compañero no portaba muchas de las pruebas presentadas y no se respetó el principio de presunción de inocencia, dando por hechas las acusaciones”, relataron, explicando que la criminalización era mucho más grande contra ciertos segmentos sociales.

Desde la FEC interina, explican que la criminalización de la protesta social es una estrategia común en todo el mundo para agotar a movimientos sociales: “Para el Estado opresor, nuestros compañeros y compañeras son un peligro para la sociedad, cuando el peligro son ellos y ellas: las fuerzas policiales, el Estado, los medios de comunicación, la clase política y el Gobierno, quienes con su discurso buscan imponer una falsa normalidad, como si todo estuviera tranquilo y solucionado, atacando hacia un solo objetivo, la protesta [..] Les decimos que bastante lejos estamos de deponer la protesta, porque mientras exista la desigualdad e impunidad, seguiremos en las calles, exigiendo que nuestros compañeros y compañeras queden en libertad y sin ningún cargo y que los responsables de muertos y torturas paguen con cárcel».

Desde el Sindicato de Trabajadores CEPECH Concepción también rechazaron todas las detenciones arbitrarias, incluyendo la de su compañero, apuntando a la Policía de Investigaciones como troncal común en muchos casos: “La PDI como testigo, siguiendo, marcando gente, autos sin patentes, detenciones arbitrarias, que fue lo que le ocurrió a nuestro compañero y creo que es lo que se repite en distintos casos. No les creemos que sus testimonios sean suficientes para que nuestros compañeros sean detenidos. La Dictadura ya dejó heridas imborrables y nuestros jóvenes no tendrían por qué estarlas viviendo hoy. Emplazamos al poder judicial, que ya se ensució las manos en Dictadura, a que no sean cómplices de estos procesos que no tienen las pruebas suficientes para tener detenidos a nuestros compañeros y compañeras.”

Desde el Colectivo No Más Presos por Luchar, agregaron: “No olvidemos que en otros módulos de este misma penal está lleno de ‘populares’ que también han caído en el marco de la revuelta. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de recopilar información, porque están desperdigados en distintos módulos. Calculamos que más de 2 mil chilenos y chilenas y también mapuche están en las cárceles del Estado en el marco de la revuelta popular”.

Luego del punto de prensa, familiares, amigos y amigas de los presos y presas políticos, además de organizaciones sociales, salieron a tomarse las calles, marchando desde la Cárcel El Manzano, hasta la Fiscalía de Concepción.

Fe de erratas: Originalmente, en la nota habíamos agregado una foto que pensamos pertenecía a Bastián Toledo y resultó ser de otro compañero del cuartel de bomberos, por lo que fue eliminada.